Page 11 - SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRIBUTOS & ADUANAS

SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRIBUTOS Y ADUANAS: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

Además, en el contexto peruano, se presentan modalidades agravadas de defraudación
tributaria. Estas incluyen acciones como ocultar patrimonios, declarar pasivos falsos o no
efectuar el ingreso de retenciones en el plazo establecido, como en el caso de la
apropiación indebida de retenciones.

c. Defraudación agravada

El ordenamiento jurídico peruano, prevé penas por defraudación tributaria que varían
entre 8 y 12 años, y se incrementan cuando se obtienen beneficios fiscales de manera
fraudulenta. Similar al marco legal argentino, también se contempla la noción de
insolvencia fiscal, aunque las sanciones en Argentina son menos severas. La ley peruana
también aborda la cuestión de la interposición de personas, conocida comúnmente como
testaferros, especialmente cuando la suma involucrada supera las 100 unidades
impositivas tributarias en un período de 12 meses; esta medida se ha utilizado con
frecuencia en la legislación argentina.

d. Incumplimiento de libros contables
De 2 a 5 años de prisión y multa: a) si no los lleva, b) si faltaran anotaciones, c) si las
anotaciones fueran falsas, d) si los ocultara o los destruyera.

e. La inscripción falseando datos

Entre 2 a 5 años de prisión y multa, cuando con ese accionar se obtenga autorización para
emitir documentación comercial y fiscal.

f. Acopio de material o de mercaderías en forma marginal

De 2 a 5 años de prisión y multa por almacenar productos para su distribución o venta en
lugares donde no esté declarado y superen las 50 unidades impositivas tributarias.

g. Cuando exista una venta o confección de instrumentos o documentos fiscales

De 2 a 5 años de prisión y multa. Incluso el que facilite su obtención.

h. Penas complementarias

Inhabilitación entre 6 meses y 7 años para ejercer comercio, profesión, industria o contratar
con el Estado.
i. Caución

La determinación de la caución queda totalmente a discreción del juez o fiscal. Según la
legislación peruana, al momento de presentar la denuncia y cuando el juez decide citar
al imputado a declaración indagatoria, exige establecer una caución que oscila entre el
30% y el 50% de la deuda actualizada. Este enfoque se presenta como una estrategia
interesante para garantizar el avance efectivo del proceso legal.

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