Page 16 - Incremento Patrimonial No Justificado
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Este principio nace de la necesidad de contribuir al gasto público y del principio de la
igualdad de las cargas públicas y sostiene que la obligación tributaria debe estar en función
de la riqueza real o potencial del contribuyente.
El IPNJ materializa este principio al considerar que un incremento en el patrimonio, cuando
no se justifica con ingresos previamente declarados, representa una manifestación de riqueza
imponible. A esto se le conoce como presunción de renta donde el legislador asume que
este incremento deriva de rentas gravadas no declaradas. Este enfoque garantiza que los
tributos se basen en la capacidad económica real del contribuyente, aunque sea mediante
presunciones.
La aplicación adecuada de las presunciones, representan un desafío para la Administración
Tributaria, ya que si las presunciones no están correctamente sustentadas o si no se permite
al contribuyente aportar pruebas contundentes, puede existir un riesgo de sobreestimación
de la capacidad económica del contribuyente.
1.2.3 Principio de Seguridad Jurídica
La seguridad jurídica desde un punto de vista objetivo consiste en las garantías que la
sociedad asegura a las personas, bienes y derechos; y desde el punto de visto subjetivo, en
la convicción o confianza que tiene la persona de estar exenta de peligros, daños y riesgos,
y de saber a qué atenerse (Villegas, 2021).
Este principio es esencial en cualquier sistema tributario para garantizar que los contribuyentes
comprendan sus derechos y obligaciones de manera clara y predecible.
En el caso del IPNJ, este principio se relaciona con los aspectos de transparencia normativa,
certeza en la carga de la prueba y la protección contra abusos.
La transparencia normativa, porque es fundamental que las reglas relacionadas con el IPNJ
sean precisas y predecibles, lo que conllevará a que las personas confíen en los sistemas
jurídicos. Los contribuyentes deben conocer de antemano qué se considera como
incremento patrimonial no justificado y qué documentación se requiere para desvirtuarlo.
La certeza en la carga de la prueba debido a que la seguridad jurídica exige que el
contribuyente sepa en qué momento y cómo debe justificar su patrimonio, y que las
presunciones aplicadas por la administración tributaria estén debidamente reguladas para
evitar arbitrariedades.
Por último, el marco de seguridad frente a la protección contra abusos que vulneren los
derechos de defensa del contribuyente. La regulación del IPNJ debe establecer límites claros
y procedimientos para garantizar un equilibrio entre la facultad fiscalizadora y los derechos
de los contribuyentes
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